Visados en el Consulado de Tetuán.. “Entre la gravedad de las acusaciones y la tibieza de las aclaraciones”

La reciente nota informativa difundida el 2 de junio de 2026 por la Embajada de España en Rabat, en respuesta a las informaciones publicadas por el periódico digital “Chamal Post” y recogido por otros medios en ambas orillas sobre una presunta red de facilitación irregular de visados Schengen en el norte de Marruecos, ha sido recibida con una mezcla de atención, sorpresa y cierta insatisfacción.

La Embajada se limita esencialmente a recordar que ningún consulado español en Marruecos, y particularmente el de Tetuán, mantiene acuerdos que autoricen expresa o implícitamente a agencias privadas a facilitar la obtención de visados. Se trata, sin duda, de una aclaración necesaria. Sin embargo, resulta difícil no percibir una cierta distancia entre la gravedad de las acusaciones difundidas y la sobriedad extrema de la respuesta oficial.

Porque, en realidad, la cuestión planteada por las investigaciones periodísticas no gira en torno a la existencia de convenios formales entre consulados y agencias privadas. Nadie imagina que una eventual trama de influencias o irregularidades funcionaría amparada por documentos oficiales, contratos visibles o autorizaciones expresas. La verdadera pregunta es otra: ¿existen prácticas irregulares que permitan a determinados intermediarios influir en el proceso? ¿Se han investigado las denuncias acumuladas durante años? ¿Se han detectado anomalías? ¿Se han adoptado medidas para impedirlas?
Y es precisamente ahí donde el comunicado parece responder a una pregunta distinta de la que se está formulando la opinión pública.

Además, conviene recordar que los hechos descritos por la prensa marroquí no aparecen de la nada ni constituyen una novedad absoluta. Desde hace años circulan testimonios, denuncias y sospechas relacionadas con el acceso a las citas, la actuación de intermediarios, el mercado paralelo generado alrededor de los procedimientos de visado y la sensación, compartida por muchos ciudadanos, de que no todos los solicitantes parten exactamente desde el mismo punto de salida.

Naturalmente, una cosa son las percepciones y otra muy distinta los hechos probados. Pero cuando las mismas sospechas reaparecen una y otra vez durante tanto tiempo, dejan de ser simples rumores para convertirse en un problema de confianza pública que merece una respuesta más amplia, más detallada y más convincente.
Por ello, quizá hubiera sido deseable que la reacción de la Embajada no se limitara únicamente a negar la existencia de acuerdos con agencias privadas, sino que aportara también elementos adicionales de tranquilidad, explicar si se han abierto verificaciones internas, si se está analizando la información publicada, si existen mecanismos de control reforzados o si se prevén medidas destinadas a garantizar la máxima transparencia en los procedimientos.

Porque la transparencia no consiste únicamente en afirmar que algo no existe; consiste también en demostrar que existen garantías suficientes para que no pueda existir.

Y es aquí donde surge una cierta paradoja. Al intentar cerrar rápidamente el debate, el comunicado parece haber contribuido involuntariamente a prolongarlo. No porque diga algo incorrecto, sino porque deja sin respuesta muchas de las preguntas que han suscitado las investigaciones periodísticas y que hoy ocupan conversaciones en cafés, redes sociales, medios de comunicación y foros ciudadanos de ambos lados del Estrecho.

Porque, al fin y al cabo, este asunto ya ha dejado de ser una simple controversia administrativa sobre la gestión de visados. Se ha convertido en una cuestión que preocupa a una amplia parte de la opinión pública marroquí y española, especialmente en las regiones donde la demanda de visados es más intensa y donde las sospechas llevan años circulando sin desaparecer del todo.
Precisamente por ello, la respuesta institucional debería estar a la altura de la inquietud generada. Un breve desmentido puede resultar jurídicamente impecable, pero difícilmente suficiente para disipar las dudas planteadas por una investigación periodística que apunta a posibles irregularidades de mayor complejidad.

Y es que, si algunos de los indicios, testimonios o datos publicados llegaran a confirmarse, ya no estaríamos ante un simple problema de intermediación abusiva o de malas prácticas administrativas. Estaríamos ante hechos de una naturaleza mucho más seria, susceptibles de interesar a las autoridades competentes y, eventualmente, de dar lugar a investigaciones administrativas o judiciales de considerable alcance.

Por eso sorprende la extrema prudencia de una respuesta que parece concebida más para cerrar el asunto que para esclarecerlo. Quizá la Embajada haya querido apagar rápidamente un incendio mediático. Sin embargo, cuando las preguntas son numerosas y las sospechas persistentes, la prudencia institucional no siempre consiste en decir menos. A veces consiste precisamente en explicar más.

Porque la confianza pública no se protege únicamente mediante comunicados escuetos. Se protege, sobre todo, mediante explicaciones convincentes, controles eficaces y la certeza de que cualquier sospecha razonable será examinada con el rigor que merece.

Al fin y al cabo, cuando un asunto lleva años siendo comentado en los cafés, en las redes sociales y en los medios de comunicación, la cuestión ya no es si existe un problema de percepción. La cuestión es averiguar por qué tantas personas siguen percibiendo el mismo problema.