En España parece que se salta de ocurrencia en ocurrencia. Cada comunidad autónoma decide por su cuenta la financiación sanitaria o educativa, replicando pruebas de ensayo-error sin coordinación.
En España, es una obviedad: todos percibimos que tenemos un modelo de decisión pública reactivo y mediático, donde todo se convierte en una suerte de promesas electorales rimbombantes que eclipsan la posibilidad de una planificación más o menos rigurosa de la acción pública. Para comprobarlo no hay más que observar cualquier debate parlamentario, sea nacional o autonómico.
Estamos muy lejos de seguir un “ciclo integral” —diseño, presupuestación, ejecución y evaluación—; muchas medidas parecen responder a intereses partidistas o corporativos. Como señalaba Max Weber sobre la “democracia plebiscitaria”, en campaña los electores valoran “que el efecto demagógico de la persona del líder gane votos” antes que el contenido de las políticas. Esta orientación desemboca en discontinuidad y fragmentación: la elocuencia vende una imagen de gestión activa, pero pocas veces se traduce en resultados concretos y sostenibles.
En la práctica, la improvisación resulta evidente en áreas cruciales. Por ejemplo, la vivienda —tema central según las encuestas del CIS— acumula promesas incumplidas y diseños confusos. Aunque el PSOE y Sumar anunciaron un “parque público de vivienda” para reforzar el alquiler asequible, se trata más de titulares que de planes integrales. Estas propuestas surgen a última hora electoral, no son fruto de un estudio reposado que indique cómo se va a ejecutar lo propuesto. Por su parte, PP y Vox centran su discurso en derogar leyes vigentes. La vivienda termina así convirtiéndose en “arma electoral” para unos y otros. No se basa en diagnósticos fiables ni en planificación a largo plazo que puedan aportar seguridad a la incertidumbre de los ciudadanos.
por su cuenta la financiación sanitaria o educativa, replicando pruebas de ensayo-error sin coordinación. En lugar de orientarse a evaluaciones rigurosas, a menudo se prefieren medidas inmediatas que generen un titular electoral, aunque se desconozca su eficacia real.
Nuestras estructuras administrativas y normativas no garantizan una evaluación auténtica ni el uso sistemático de datos. La gobernanza es reactiva y política, en lugar de documentada y transparente.
Por todo ello, en España urge retomar la racionalidad de lo público: implementar políticas con visión de largo plazo, con evaluaciones de impacto y un presupuesto coherente y no eternamente prorrogado. De lo contrario, seguiremos atrapados en un bucle de promesas incumplidas y desigualdades crecientes, con una aparente ilusión de cumplimiento de los objetivos y de las expectativas ciudadanas.
Gobernar para las personas, no para las encuestas ni para los intereses privados de unos u otros. Si nos decimos europeos y europeístas, debemos recordar que la propia Unión Europea, en su Carta de Derechos, establece que una política moderna debe situar “a la persona en el centro de su actuación”. Ello solo será posible si las políticas públicas se basan en evidencia, evaluación rigurosa y un compromiso real con la equidad y la integridad institucional.
La alternativa es seguir repitiendo viejos errores: prometer un futuro brillante sin mapa ni brújula, hasta que el ciclo electoral nos devuelva a la casilla de salida.
